EL FUTURO DE LOS AUTORES
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Las entidades de gestión están presentando batalla en nuestro nombre, mayoritariamente al unísono, en un momento en que la estabilidad y la unidad es necesaria por el bien común, por nuestro futuro conjunto. Pero ¿basta con delegarles nuestro porvenir e inhibirnos?
El jueves 26 de junio, la SGAE celebrará una Asamblea General en la que se enfrentará a una reválida de su último año. ¿Cómo se enfrenta la entidad de gestión al día de hoy, teniendo en cuenta presente y pasado? ¿Deberían apaciguarse o posponerse sus conflictos internos en vistas al importante momento actual? ¿Cómo nos afectan a todos los autores, pertenecientes o no a la entidad? ¿Podría una falta de estabilidad interna poner en peligro la batalla conjunta?
El conocimiento de los datos que se desvelan en el artículo "Examen a la Sociedad General de Autores y Editores" es crucial para poder opinar sobre la base de los hechos. Su conocimiento también puede ser crucial para la supervivencia del autor.
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Examen a la Sociedad General de Autores y Editores
Casi un año después de que José Luis Acosta fuera nombrado presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la entidad celebrará, el próximo 26 de junio, una Asamblea General en la que se enfrentará a una reválida de este periodo. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo está la SGAE a día de hoy teniendo en cuenta la coyuntura actual y la herencia del pasado? Y sobre todo, ¿cómo nos afecta a todos los autores, pertenecientes o no a la entidad? Los datos que aquí se desvelan, se consideran cruciales para la supervivencia del autor.
Antes de examinar lo concreto, se hace preciso resaltar un problema común al conjunto de los autores: el menor consumo de productos culturales. Pero ¿a qué se debe ese descenso? ¿Se consume realmente menos cultura? ¿O simplemente se consume menos cultura que implique pago?
No hace mucho tiempo, en la Fiesta del Cine, - con el precio de la entrada reducido a menos de la mitad de su coste usual - vimos que la asistencia fue masiva. Por otra parte, muchas veces el problema no es que no se consuman las creaciones autorales sino que se consuman sorteando su precio, aun cuando debería depender del autor, y no del público, la elección de poner o no su obra a disposición gratuita.
En cualquier caso, si analizamos el panorama actual, encontraremos una serie de factores que influyen de forma negativa en los ingresos de las industrias culturales y de las entidades de gestión de derechos de autor: la crisis económica, el incremento del impuesto de valor añadido (IVA), y el consumo de las creaciones autorales sin pasar por taquilla; en el caso de las entidades de gestión se suma, además, el ataque frontal a la compensación por copia privada de la que han disfrutado tradicionalmente los autores.
Evidentemente, en cualquier entidad de gestión, todo esto se traduce a un menor número de ingresos sociales de los que habría si no se dieran todas esas circunstancias. Sirva de claro ejemplo el efecto de que el gobierno derogase en diciembre de 2011 la remuneración por copia privada y la sustituyera por una cantidad a consignar en los presupuestos generales del estado. Resultado: se pasó de una recaudación de 110 millones de euros del conjunto de las entidades de gestión en 2010 a 5 millones en 2013.
Dentro de ese difícil marco que nos proporciona el momento actual a todos los autores y a las entidades de gestión en general, la pregunta concreta es ¿en qué situación se encuentra realmente la SGAE? ¿Ha recobrado su rumbo o sigue a la deriva? ¿De qué forma nos afecta eso?
Para bien o para mal, nos guste más o menos, la SGAE sigue siendo quien representa cara al mundo la mayor parte de autores españoles. Y una imagen negativa de la entidad, estemos entre sus defensores o entre sus detractores, repercute tanto en el conjunto de los autores como en el de la proyección de la cultura española fuera de nuestras fronteras. Por tanto, su salud puede que acabe afectando incluso al autor más situado en sus antípodas. Y con esa premisa en mente, reformulamos la cuestión: ¿está en camino de solucionar sus graves problemas o, por el contrario, siguen creciendo?
Para dar respuesta a ese interrogante no tenemos más remedio que viajar fugazmente en el tiempo.
Desde hace más de un lustro, la situación patrimonial de la SGAE es más que endeble. Abcguionistas informó rigurosamente, en el pasado, de toda la situación que llevó a la realidad jurídica y penal que estalló de forma tan rotunda. Pero más allá de los deplorables hechos que salpicaron a todos los autores, miembros o no de la entidad, las indebidas actuaciones de unos cuantos dejaron astronómicas losas que siguen pesando de forma estrepitosa hoy en día.
La serie de inversiones faraónicas en la red de teatros Arteria, gestadas entre la opulencia y el desperdicio, sin entrar siquiera a debatir los fines lucrativos subyacentes de unos cuantos, no han pasado de forma inocua. Su legado es mortífero. Si se le suma la inapropiada gestión fiscal y política económica que se llevó al mismo tiempo, los efectos contra la salud financiera de la entidad son fáciles de imaginar. Y si, además, añadimos los conocidos acuerdos perjudiciales con las televisiones, el panorama está servido.
¿Pero cuánto pesa esa herencia exactamente? Una bagatela: 200 millones de euros en impuestos impagados, hipotecas, y patrimonio devaluado.
Sin embatgo, los problemas del pasado no acaban con la época de Teddy Bautista. La SGAE actual ha tenido que encajar, de rebote, las denuncias ante la Comisión Nacional de la Competencia “por abuso de posición dominante” por parte de un conjunto de ocho socios de la entidad. ¿Por qué un socio denunciaría a su propia entidad? ¿Tendrá que ver que Antón Reixa, en su periodo como presidente de la SGAE, acusara a algunos de ellos del mismo “delito” (abuso de posición dominante), y les sometiera a un comité disciplinario, pendiente todavía de resolución? Los ocho socios nada ganan con su demanda. ¿Se trata de una mera venganza digna de culebrón? ¿Una vendetta visceral contra la entidad que los atacó?
Por si esto no bastara, otros de los frentes que tiene que lidiar la SGAE es el que se refiere a las consecuencias de una deplorable gestión fiscal en el pasado. La sociedad está sometida desde 2008 a una presión fiscal extrema, con expedientes sancionadores que hasta el momento han alcanzado la cifra de 35 millones de euros, como consecuencia de un planteamiento fiscal inadecuado. Por fortuna para la entidad, la experiencia en temas fiscales de su directora general ha servido para corregir la peligrosa gestión pasada y se está conduciendo eficazmente la regularización, lo que constituye uno de los puntos favorables del actual equipo bajo la presidencia de José Luis Acosta. En ese sentido, ha sido capaz de coger las riendas de un potro que parecía indomable.
A pesar de que aún no se ha cumplido un año desde su llegada, no es posible ignorar que Acosta y su equipo han dado suficientes muestras de eficacia a la hora de empezar a encauzar a la entidad de gestión rumbo hacia un saneamiento que parecía imposible, a causa de los maremotos externos e internos que viene sufriendo.
En un clima donde una falta de cohesión interna podría ser tan letal como la coyuntura externa, una atrevida combinación de consenso, pragmatismo y firmeza, con énfasis técnico más que personalista, ha empezado a lograr resultados, sin escatimar en asumir las medidas necesarias, duelan o no a algunos.
Llama la atención que, lejos de dejarse llevar por el estado de las cosas para justificar una política personalista, Acosta insista en el consenso, a pesar de no ser precisamente el camino más fácil. Pero es una silenciosa habilidad de combinar el acuerdo de la mayoría con la determinación de sanear la monumental sociedad cueste lo que cueste, lo que constituye probablemente uno de sus principales valores. Que su saneamiento haya empezado por erradicar decisiones sustentadas por la oportunidad política o personalista, ha generado un cambio de clima y de percepción externa, aunque quede todavía un buen camino hasta llegar a la consolidación.
La nueva aura de la SGAE se asomó ya cuando a nadie le tembló el pulso a la hora de destituir a su anterior presidente, después de haber constatado que no conducía a la sociedad por el sendero que habían acordado. Un acto que dejó bien patente que la época presidencialista había llegado a su fin y que marcaba el inicio de otra donde el verdadero poder no estaba en manos de una única persona.
Pero más allá de las sanas decisiones, y de unas formas de conducir la sociedad claramente rompedoras con imágenes del pasado, ¿cómo se traduce todo ello en el universo de los implacables números?
Según fuentes de la SGAE, en el ejercicio 2013 el descenso de consumo de la cultura provocó el cierre de 1978 empresas. Traducido en empleos: 24.100 empleos perdidos. Es lógico que esa circunstancia afecte directamente a los ingresos de las entidades de gestión.
Es esa la razón por la que no deja de sorprender que, fruto de la gestión de este nuevo equipo y a diferencia de lo que sucede con otras entidades, los resultados de la SGAE ostenten números azules: el importe total repartido a los autores el último semestre, con respecto al último semestre del año anterior luce una mejora del 20,7%.
Pero no es esa la estadística más alta: si comparamos el importe total repartido a los autores el último semestre, con respecto al reparto de junio de 2013, existe una mejora del 27,33%.
Si bien no se puede obviar que la prometedora estadística se deba más a una eficacia del equipo directivo en cobrar atrasos, que en una disminución medible de los problemas coyunturales, es también evidente que la eficacia en la gestión recaudatoria parece un elemento esencial para la supervivencia de las entidades de gestión y, en ese sentido, los resultados de la SGAE son más que satisfactorios.
Por otra parte, hasta el momento, en lo que respecta a la Ley de Propiedad Intelectual la SGAE ha sabido jugar sus cartas para modificar aquellas propuestas que buscaban debilitar su posición y conducirla a una situación que bien pudiera haber supuesto su desaparición. Ha sabido frenar la situación de peligro en un primer round y pasar al segundo con unas cuantas medallas que poder lucir ante sus socios: se ha evitado la entrada de nuevos operadores; se ha neutralizado la intención de limitar la capacidad jurídica de representación de sus socios; y se ha conseguido que no haya interferencias en la elección de órganos de representación.
Sin embargo, este buen número de logros para la supervivencia de la entidad, todavía no garantiza su futuro, y en la fase actual de presentación y debate de las enmiendas al proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, la entidad se ha manifestado en diversas esferas de actuación.
La primera es su oposición a la ventanilla única propuesta por el sector hotelero y de restauración, al entender que repercute contra sus socios, a diferencia de otras entidades de gestión, que la ven con buenos ojos. A su favor, el informe sobre el anteproyecto de ley que emitió el Consejo del Poder Judicial, alineado con la tesis de la SGAE.
Un segundo frente sería el de la determinación de las tarifas. Aquí si existe un consenso autoral respecto a la conveniencia de que no sea un órgano económico ajeno a la cultura – tal y como se propone en el actual proyecto de ley – el que determine el proceso metodológico de llegar a las tarifas. La lucha se centra en conseguir que sean las propias entidades de gestión quienes determinen dichos procesos, aunque se supediten a una aprobación de la Comisión de Propiedad Intelectual, pero en ningún caso depender de las decisiones de agentes ajenos a la cultura.
La tercera de las esferas es la relativa al canon, una herida sangrienta en el cuerpo de los autores, ya que el proyecto de ley contempla un régimen transitorio de reducción general de las tarifas en un 30% a fin de asimilarlas con la media europea. En contra: la posición inamovible del gobierno. A favor: Bruselas ya se ha pronunciado contra la forma en que el gobierno ha regulado, lo que ineludiblemente, tarde o temprano, desembocará en un cambio legal.
La cuarta se refiere a la utilización de cantidades recaudadas no reclamadas, con el objetivo de que el proyecto de ley se ajuste a la nueva directiva europea de gestión colectiva, que concede a la asamblea general de socios de las entidades de gestión la capacidad de decidir qué se hace con esos importes que quedan fuera del reparto.
Además, hay propuestas de cambios en la estructura y funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual y en la política de inversión de las entidades.
Los cambios en la nueva Ley de Propiedad Intelectual está claro que no se han hecho pensando en el autor. Ni siquiera en las industrias culturales en su conjunto. Beneficiará a algunos intervinientes en la ecuación, pero no a nosotros. Y en ese marco, el conjunto de las entidades autorales y culturales deben esgrimir sus mejores cartas para luchar por el mejor de los escenarios.
En ese sentido, las líneas de la SGAE coinciden mayoritariamente con las de otras entidades, y, consecuentemente, su fuerza, la que tenga, suma a la fuerza del conjunto.
Pero si la gestión de recaudación así como la política exterior de la entidad entran dentro de sus nuevas corrientes positivas, no podemos ignorar que tiene muchos otros frentes abiertos, en los que la falta de cohesión de sus propios socios podría representar el mayor peligro de la entidad.
Entre los temas candentes que han dividido a la SGAE se halla el de la regulación de la música en las emisoras de televisión y lo que se hace respecto a la famosa y polémica “rueda” de las televisiones. Los sentires son diversos. La filosofía de Acosta pasa por distinguir entre las prácticas ilícitas y el aprovechamiento de las oportunidades de mercado, y bajo ese fundamento, una línea de actuación caracterizada por la intolerancia hacia las prácticas irregulares, información clara y precisa de la situación, voz a las partes implicadas para que puedan cotejarse sus distintas realidades, compromiso de erradicar malas prácticas y voluntad de crear un terreno de negocio para los editores de televisión que lleve a retornos equivalentes a los de otros países europeos.
Para regular esta línea de actuación, Acosta propone ajustes por vía reglamentaria similares a los existentes en países europeos. Sin embargo, la aplicación de su estrategia lleva ineludiblemente al retraso de la acción inmediata, en la medida que exige que un debate abierto preceda a cualquier tipo de actuación precipitada. La principal dificultad parece residir entre los propios implicados, muchos de los cuales, en guerra abierta, se sienten más inclinados a poner querellas que a sentarse a debatir o a negociar. Ante ese panorama, no es difícil intuir que la voluntad de Acosta vaya más allá de conseguir un mero acuerdo entre las partes, y se sustente sobre el deseo de eliminar un enfrentamiento interno que no solo compromete el sentido más amplio de la entidad sino que podría llegar a comprometer su supervivencia.
Los desajustes de cohesión interna se han visto, a su vez, salpimentados por la falta de reglamentos claros en los nuevos consejos territoriales, creados para descentralizar el gobierno de la entidad y favorecer su democratización. La atrevida neoestructura ha vivido sus primeros meses de existencia como un periodo de pilotaje, en el que se han tomado medida de sus aciertos y errores, así como del alcance de sus posibilidades. Con los datos recolectados sobre el nuevo modelo, queda pendiente la redacción de un nuevo reglamento que parece tomará cuerpo en las próximas semanas.
Desde un punto de vista externo, examinados los problemas y logros del último año, se percibe la clara predominancia de logros externos de Acosta y su equipo. Cabe resaltar entre los mismos, la notoria y gradual consecución de un alejamiento de etiqueta política, lo que le ha llevado a una mayor capacidad de maniobra, actualmente cuajada en la negociación de acuerdos con los ministerios de industria, Cultura, Educación y Deportes, Empleo y Seguridad Social y Exteriores, en una serie de iniciativas que como faro tienen la ayuda a los autores y la disminución de la piratería.
Pero quizá la guinda del pastel esté en la asignatura pendiente de los autores españoles: el mercado digital. Ignorado mientras los colegas de Estados Unidos se enzarzaron ya hace años en una encarnizada huelga por defender unos céntimos de este mercado, no ha sido hasta ahora que se empieza a prestar la atención que merece.
En la actualidad, solo el 4% del negocio digital llega a los autores. Una auténtica ridiculez ya que son los autores quienes hacen posible el consumo. Igualmente paradójico resulta que estén mejor tratados los derechos conexos y secundarios -de los que se benefician terceras partes- que los del propio autor.
La percepción de esta situación indigna para los autores no es algo nuevo. Las encuestas públicas de Abcguionistas ya resaltaban que la mayor parte del colectivo sentía a las operadoras telefónicas como responsables y deudoras del merecido pago a los autores. Pero hasta el momento no se había hecho prácticamente nada al respecto. Más vale tarde que nunca.
¿Cómo nos afecta el mercado digital a los autores, a día de hoy? De forma muy contundente, porque las compañías de telecomunicaciones están abriendo los frentes al universo de los contenidos y es ahora el momento de reclamar o dejar perder para siempre lo que puede ser el futuro de los ingresos del autor.
A diferencia de lo que sucede con la Ley de Propiedad Intelectual, la batalla digital deberá librarse en Europa. Y debemos estar unidos y preparados a conquistar ese frente y asegurar las vías compensatorias correspondientes. Si se emiten contenidos nuestros, y existe un enriquecimiento de terceros con los mismos, ¡que nos lleguen ingresos a nosotros!
En estos momentos, para reclamar que ese derecho se convierta en realidad, los autores necesitamos estar unidos. Y las entidades de gestión necesitan estar unidas. Autores fuertes, asociaciones fuertes y entidades de gestión fuertes, son esenciales en la actualidad. Quedan batallas comunes por la Propiedad Intelectual, por los derechos de Internet y otros que requieren cohesión y que son cruciales para el futuro.
La SGAE puede jugar un papel de peso fundamental en estas negociaciones y batallas por librar. Tanto para sus miembros como para los que no lo son. Pero para ello, primero es necesario que la entidad salga adelante, algo que se prevé solo posible si suma a sus logros externos una necesaria cohesión y estabilidad internas.
Hasta el momento es palpable la eficacia de la gestión externa y los logros económicos en el último año, pero queda mucho más camino hasta llegar al sosiego.
Si una mayoría de miembros fallara en adoptar miras amplias podría provocar no solo la desestabilización interna de la SGAE sino una grieta en la batalla por los derechos de los autores en los frentes de la Ley de Propiedad Intelectual, en el frente digital y en otros de importancia muy significativa.
La reválida del 26 de junio, por tanto, no será solo una reválida del año de Acosta. No servirá solo para dar un voto de confianza a sus intenciones de dejar la casa limpia, con mayor democracia, encauzada económicamente, y adaptada a una Ley europea de gestión colectiva. Será una prueba de que se antepone la estabilidad necesaria para conquistar batallas mayores a los intereses personales de que las cosas se ajusten a unas determinadas expectativas.
Hay momentos en que debemos sumar para una causa común mayor, estemos más o menos de acuerdo con nuestros circunstanciales aliados y acompañantes. Por el bien común. Y esta, probablemente, sea una de ellas.
Está claro, que la SGAE ha aprobado, este año, su asignatura de logros externos. Está por ver si supera o no de igual forma la asignatura de madurez y cohesión interna, si logra evitar un desmembramiento o una desestabilización mayor. Lo consiga o no, el resultado afectará a todos los autores.
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