EPN, PRESIDENTE ELECTO: MAGISTRADOS

Censuran magistrados la aportación de pruebas insuficientes, infundadas e imprecisas

Desechados uno a uno, los argumentos esgrimidos para invalidar la elección

México tiene ya un presidente electo, Enrique Peña Nieto, adelantó Salvador Nava Gomar

Entre condenas, regaños, censuras, precisiones, consejos y varios calificativos, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó unánimemente la solicitud de la coalición de izquierdaFoto Carlos Cisneros

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

 

Periódico La Jornada
Viernes 31 de agosto de 2012, p. 5

Coincidentes de forma unánime en desechar todos y cada uno de los argumentos del Movimiento Progresista en su demanda de invalidar la elección presidencial, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) censuraron a la coalición demandante por la aportación de pruebas calificadas, con matices, de insuficientes, infundadas, inoperantes, genéricas e imprecisas.

Aunque la sesión sólo fue para resolver el último juicio de inconformidad contra los comicios presidenciales, el magistrado Salvador Nava Gomar se adelantó a los plazos y enfatizó que  de aprobarse el proyectoMéxico tiene ya un presidente electo, Enrique Peña Nieto.

De manera unánime condenaron los alegatos de la coalición de izquierdas; sus diferencias radicaron en los énfasis.Las pruebas no hacen prueba, soltó Flavio Galván; son pruebassecundarias, periféricas, sin relación con la demanda, secundó Pedro Penagos. Partieron de premisas equivocadas, coincidieron Alejandro Luna Ramos y María del Carmen Alanís.

Sólo Constancio Carrasco concedió algo: que el entramado legal vigente hace que corran paralelos la impugnación de los comicios presidenciales y la fiscalización del gasto de campaña. A continuación, las posturas de cada magistrado.

Salvador Nava

Fue el primero en plantear su postura y a manera de conclusión, en los albores de la sesión, dijo: Si ustedes tienen a bien aprobar esta sentencia y lo conducente de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, México tiene a un presidente electo por el pueblo, el ciudadano Enrique Peña Nieto.

Defendió por anticipado su petición y planteó: A un tribunal no debe juzgársele a partir de razones políticas, sino nada más a través del debido proceso.

A partir de ello minimizó las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista, porque en muchos casos debió habérseles considerado inoperantes, aunque se analizaron exhaustivamente. Respecto de los alegatos sobre la presunta injerencia de los gobiernos estatales priístas en la elección, sostuvo que los planteamientos de estos agravios, bajo la técnica jurídica más estricta, procesalmente hablando, como lo dije en un principio, podrían calificarse de inoperantes porque suelen ser vagos, generales o imprecisos.

De lo relacionado con la inequidad de los medios de comunicación, desestimó todos los elementos esgrimidos, tales como la parcialidad de noticieros, la manipulación de encuestas o la situación de los medios y su impacto en la libertad de expresión. Aseguró que en este último aspecto son posturas meramente subjetivas y dogmáticas, pues son categorías generales carentes de sustento para convertirse en un elemento probatorio.

En cuanto a las encuestas, opinó que aunque estos sondeos no hayan coincidido con los resultados electorales ello no significa una manipulación de estos instrumentos con fines propagandísticos. El Movimiento Progresista no ofrece elemento probatorio alguno y en todo caso, añadió, la afirmación de su candidato, Andrés Manuel López Obrador, quien decía tener otros datos, sería un argumento para probar que los dichos de la coalición no son válidos.

Flavio Galván Rivera

Como si estuviera en el aula de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte clases, el magistrado desmenuzó varios casos en los que, a su juicio, las pruebas (presentadas) no hacen prueba. En ese tono, concluyó:No está acreditado que haya habido coacción. No hay compra, coacción o inducción ilícita (del voto) demostrada.

También desestimó como prueba válida la existencia –probada así por el TEPJF– de varios convenios millonarios firmados  en periodo electoral entre gobiernos priístas y la cadena de tiendas Soriana, para la compra masiva de despensas supuestamente para fines de asistencia social.

Son actos jurídicos administrativos o mixtos que llevan a cabo los gobiernos de los estados en cumplimiento de los programas de gobierno. No vamos a juzgar la licitud o ilicitud de estas licitaciones públicas o adjudicaciones. Ya dije en alguna otra ocasión que las elecciones no pueden suspender el cumplimiento de los deberes de gobierno, adujo.

Sin embargo, enseguida destacó que la sentencia del tribunal no significa una exoneración del eventual rebase de gastos o alguna otra presunta ilegalidad del abanderado priísta, porque en algún momento las instancias correspondientes, como el IFE o la PGR, llegarán a conclusiones.

Galván argumentó que sólo juzgaron la legalidad o ilegalidad de la votación y detalló lo que a su juicio fueron fallas y omisiones de los documentos de fe notarial que incluyó la coalición demandante en su escrito del juicio de inconformidad.

“Ahí están las fes notariales, las notas en medios de comunicación, grabaciones, el llamado Sorianagate, según nota de The Washington Post, pero no está demostrado que se hayan entregado (las tarjetas ) a ciudadanos y menos aún que, de haberse entregado, haya sido para votar a favor del candidato (del PRI). En consecuencia, son infundados los conceptos de agravio”.

Advirtió que la coalición elaboró e interpuso su recurso con base en preceptos legales que no coinciden con el tiempo de presentación, por lo que –advirtió– pudieron incluso desechar el juicio por extemporáneo.

Constancio Carrasco Daza

El magistrado Carrasco endosó al Poder Legislativo el entramado actual que permite que corran en paralelo los juicios de inconformidad de la elección presidencial y los procesos de fiscalización de gastos de campaña.

¿Era indispensable que se resolvieran esos procedimientos (de fiscalización) previo a la resolución del juicio de inconformidad?, planteó. Él mismo se respondió al señalar que el objetivo de quienes hicieron la reciente reforma electoral obedece a la lógica del legislador para que sean procesos administrativos sólidos en donde se alegue rebase de topes de gastos de campaña.

Al igual que Galván, Carrasco subrayó que serán las autoridades competentes las que en su momento arrojen conclusiones, en particular del presunto rebase de topes de campaña que analiza actualmente la Unidad de Fiscalización del IFE.

No obstante, al final de su participación de casi una hora, dijo que con las pruebas aportadas por la coalición no es posible ser concluyente respecto de los hechos denunciados.

En el caso del reparto de las tarjetas Soriana comentó que no hay evidencia de esa presunta irregularidad, entendida como la compra del voto por esta vía.No hay pruebas para concatenar los indicios que se tienen de las notas periodísticas, señaló respecto de un elemento recurrente en el recurso de la coalición –e igualmente criticado por los otros seis jueces electorales– relacionado con la inclusión de notas difundidas en medios de comunicación como pruebas.