YO LO LLAMARÍA, DELINCUENTES EN POTENCIA IDENTIFICADOS
2 de octubre de 2011
Revista Contralínea 253
Cédula de Identidad, a IPN-Cosmocolor
Érika Ramírez/Ruth Roque
El Registro Nacional de Población e Identificación Personal
(Renapo) se encuentra en negociaciones con el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) para afianzar el proceso de enrolamiento de la Cédula de
Identidad Ciudadana. Al organismo, dependiente de la Secretaría de
Gobernación (Segob) le urge recabar los datos personales, huellas
dactilares y la lectura del iris de todos los ciudadanos menores de 18
años.
A la fecha existe una disparidad entre el número de registros y las
credenciales emitidas, como consecuencia de unos “problemas técnicos”
que se han presentado en la primera etapa del proyecto, reconoce en
entrevista con Contralínea el titular del Renapo, Alberto Alonso y Coria.
Entre los posibles contratistas de
este nuevo proceso, a través de una tercerización de servicios con el
IPN, podría encontrarse la empresa Cosmocolor, propiedad de Jorge
Kahwagi Gastine y su hijo Jorge Kahwagi Macari. Los representantes de
esta compañía presentaron un recurso de inconformidad ante el Órgano
Interno de Control de la Segob al término del primer proceso de
licitación, entonces ganado por la trasnacional Smartmatic International
Holding. El principal argumento fue supuestas “irregularidades” en el
concurso.
Al frente del Renapo desde el 10 de julio pasado, Alonso y Coria
destaca que hasta el momento se han matriculado 1.9 millones de niños
para obtener la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC). Señala que los
padres se han “volcado” para registrar a sus hijos. No obstante, los
números no coinciden con la emisión de tarjetas-credenciales. Fuentes
cercanas al enrolamiento aseguran que han tenido problemas en la
operación de los equipos, por lo que sólo se han emitido 400 mil
plásticos con los datos biométricos de los ciudadanos.
Convenio con el IPN
La urgencia del gobierno federal para reproducir estas tarjetas ha
llevado al Renapo a establecer relaciones con el Centro de Investigación
en Computación del IPN, cuyo titular es Luis Villa Vargas.
Las mismas fuentes –allegadas al registro de casi 2 millones de
niños– afirman que en lo que va de este año se le habrían entregado 75
millones de pesos a Cosmocolor, a través del Politécnico, sin previa
licitación. A esto se suman los 1 mil 200 millones de pesos invertidos
desde el inicio de este proyecto calderonista. Parte de estos recursos
fueron operados “ineficientemente”, de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), (Contralínea 245, 7 de agosto de 2011).
Entrevistado en sus oficinas de Reforma 99, Alberto
Alonso y Coria hace un balance del programa para desarrollar la CIC y
los vínculos con el Instituto. Comenta que el Renapo tiene programado un
presupuesto de 800 millones de pesos, con una posible
ampliación para 2012. Dos entidades ya concluyeron la etapa de registro:
Colima y Baja California. En tanto, en Sinaloa, Jalisco, Chiapas,
Guanajuato y Baja California Sur se llevan a cabo las convocatorias para
los padres de familia en las escuelas.
—¿El número de registros corresponde a la emisión de cédulas? –se le pregunta al titular del Renapo.
—Hay una pequeña diferencia por los tiempos de transmisión. Una
cosa es registrar y otra es que lleguen [las credenciales]. Hay que
recordar que algunos de los equipos están en zonas rurales… O a lo mejor
en urbanas, pero el enlace no está bien. Hay una serie de problemas,
una pequeña merma.
—¿Cuántos niños cuentan ya con su cédula?
—No tengo el dato.
—Tengo entendido que son 400 mil.
—No cuento con esa información; no lo podría decir. Estamos
haciendo muchísimos esfuerzos para que todos los niños que han hecho su
registro tengan su credencial.
Alonso y Coria asegura que “se está buscando mejorar el plan al
llevar a cabo un número importante de acciones para optimizar nuestros
procedimientos. Un proyecto de esta naturaleza requiere de una revisión
permanente, constante, diaria”.
Uno de los problemas actuales del proceso de la CIC, comenta, es que debe desarrollar un soporte lógico en las propias maletas (equipo portátil), “un software que captura, procesa y eventualmente manda la información; la tecnología luego hace sus diabluras
y tenemos que tener un registro de qué pasó”. A final de cuentas,
añade, “quien debe tener el control es el Estado mexicano. En ese
sentido, se está trabajando para el desarrollo de un programa
informático con el IPN. Es una institución estatal financiada con dinero
público. Entre sus objetivos, además de la educación, está la parte de
investigación [científica] y desarrollo tecnológico”.
Los vínculos con el IPN
De las relaciones con el Instituto Politécnico Nacional, indica, se
plantea una “solución integral”. Ésta tiene que ver con el desarrollo
de sistemas y capacitación. También se tienen contemplados la generación
de 3 mil puntos de recabación adicionales, “que son maletines para la
captura del biométrico de los muchachos y el soporte que se requiere
para toda esta operación”.
El director del Renapo añade que “es una solución que le conviene
al Estado, a éste le favorece tener un insumo que le es necesario y se
beneficia con soberanía sobre el aparato tan importante o la situación.
Instrumentos tan valiosos que permiten [obtener] la información
confidencial de los niños, sus datos personales”.
—Tenemos entendido que Cosmocolor también participa en este proyecto –se le cuestiona.
—El convenio que estamos por concluir con el Politécnico Nacional
tiene una vinculación con los distintos proveedores de los diferentes
equipos. Hay una serie de dispositivos que deben ser integrados y quien
los completa es el Politécnico, que lleva esa relación, no la Secretaría
de Gobernación.
Alonso y Coria niega que hasta el momento el acercamiento con el IPN haya generado algún tipo de gasto del presupuesto.
Contralínea solicitó una entrevista con Luis Villa Vargas,
director del Centro de Investigación en Computación del IPN, área
encargada de desarrollar el software para el Renapo. La solicitud
se realizó a través de la Unidad de Comunicación Social del Instituto,
que encabeza José Arnulfo Ramírez Cordero, sin que hasta el cierre de
edición se obtuviera respuesta.
Gestiones para Datacard-Cosmocolor
Una carta emitida por la Unidad de Relaciones Económicas y
Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con
copia en poder de Contralínea, muestra la promoción realizada
por esta entidad gubernamental para que Datacard sea “considerada” como
uno de los posibles proveedores del Renapo. Datarcard tiene como
distribuidora en México a Cosmocolor.
Regina Gándara Mendoza, entonces encargada de la Dirección General
de Promoción Económica Internacional, es quien firma el documento
DGPEI-00399, fechado el 17 de febrero de 2009. En éste solicita al
oficial mayor de la Segob, Abel Ignacio Cuevas Mel, una reunión con los
ejecutivos de Datacard para “conocer los servicios que esta empresa
podría ofrecer para la implementación de un programa de identificación
en el Registro Nacional de Población”.
Para ese encuentro, que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2009,
ya se había confirmado la presencia del entonces director general del
Renapo, Carlos Raúl Anaya, con los directivos de Datacard, Leonard W
Levine, asesor decano del presidente; Zeca Peris, director de servicios
de consultoría; y Joe López, director de Ventas para la Región de
América Latina y el Caribe.
Datacard y Cosmocolor, los aliados
Otro documento –esta vez firmado por el gerente de Ventas de la
trasnacional, Aaron Williams– muestra la relación entre la trasnacional y
la empresa familiar de los Kahwagi. En éste, Datacard Group, con sede
en Miami, Florida, acredita como su distribuidor mayoritario a Sistemas
Integrales de Automatización, quien tiene como representante autorizado a
la empresa Cosmocolor.
El comunicado se llevó a cabo para autorizar que fuera la compañía
de Jorge Kahwagi la que mercantilizara el equipo de impresión al
gobierno del Estado de México, como resultado del fallo de la licitación
pública nacional LPN-019-2009.
Cosmocolor inconforme
Cosmocolor es la compañía que presentó su inconformidad ante el
Órgano Interno de Control de la Segob, luego de que se le adjudicara a
Smartmatic International Holding el contrato relativo a la adquisición
de equipo especializado para la obtención de la información biométrica
para el Servicio Nacional de Identificación Personal.
Datos del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental Compranet, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública,
indican que la compañía de Kahwagi ha obtenido en el fallo de
licitaciones a su favor 418 millones 632 mil 500 pesos. Ésta ha sido
proveedora del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, del
Instituto de Seguridad Social del Estado de México, de la Secretaría de
Transporte del Estado de México, del Instituto de Control Vehicular de
Nuevo León, así como de la Secretaría de Administración del gobierno de
Tamaulipas.
En sus argumentos de la inconformidad, la empresa afirma que se
registraron irregularidades en el proceso de licitación SG-N-DA-11/09.
El concurso implicó la adquisición de 2 mil equipos especializados para
la obtención de la información biométrica que integrará el Renapo.
Jorge Pineda, encargado de Licitaciones Públicas en Cosmocolor, negó la entrevista a Contralínea,
toda vez que, arguyó, tienen una agenda saturada y no hay postura al
respecto. También se solicitó una entrevista a la Unidad de Relaciones
Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a través de la Unidad de Comunicación Social, sin que se
haya obtenido respuesta.
Observaciones de la ASF, pendientes
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 identifica
que la Segob, encabezada por Francisco Blake Mora, no cumplió con las
normas que debieron ser aplicadas en los capítulos de “Servicios
personales” (1000), “Servicios generales” (3000) y “Bienes muebles e
inmuebles” (5000), a través de la Dirección General del Renapo (Contralínea, 7 de agosto de 2011).
Al respecto, el director general del Registro, Alberto
Alonso y Coria, asegura que personal de ambas instituciones se encuentra
trabajando en conjunto para dar salida a la solventación de
observaciones emitidas por la ASF. “Hemos resuelto
prácticamente la totalidad; todavía tenemos algunos puntos de atención”.
Respecto de la falta de programación, asegura que “sí hubo ese tipo de
problema, no al momento de la situación. Al día de hoy tenemos una
calendarización muy precisa sobre cómo vamos a atender a las entidades,
es parte de nuestro trabajo. No solamente tenemos eso, sino un
seguimiento puntual de cada una de las acciones”.
El senador Felipe González González, secretario de la Comisión de
Gobernación por el Partido Acción Nacional, desestima las observaciones
de la Auditoría, entre las que destaca que el Renapo no cuenta con un
sistema actualizado que pueda garantizar la seguridad de todos los
datos.
“Está mal. Asistimos a una presentación en la que se nos informó cómo está reforzado para que no entre un hacker
al programa de captación de toda la información. La ley misma señala
que [para] todo aquel que mal use, saque un dato de esa base de datos,
que va a ser el Registro de Población, existe una pena de 20 años. Van a
estar juramentados todos los que entren al sistema, porque cada sexenio
los cambian.”
Ante el incumplimiento de contratos, como lo documentó la ASF en el Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2009, el legislador panista indica: “Ahí
hay una responsabilidad que no la puede evadir nadie. El haber empezado
a hacerlo en Baja California y Guanajuato fue para quitarse de encima
el golpe de que no se estaba cumpliendo los tres años”.
Niños, sin protecciónUno de los argumentos del Estado para promover la afiliación de los niños y adolescentes de México es la seguridad. Los discursos del secretario de gobernación, Francisco Blake Mora, y del presidente Felipe Calderón argumentan que la inscripción de la población infantil “obedece a que son un segmento de la población, probablemente el más expuesto a la vulnerabilidad de sus derechos y hay que protegerlos contra cualquier amenaza”.No obstante, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red de Protección de la Infancia en México, critica esta postura, pues la garantía de seguridad, señala, se da a través de la institucionalidad, marcos normativos, presupuestos que garanticen la protección de los derechos de los niños. Los argumentos oficiales “son frágiles”, asegura, y aunque jurídicamente están en el derecho y conforme a la ley para llevarlo a cabo hay un tema de carácter técnico y de viabilidad: “El derecho a la identidad no está en una cédula de identidad, sino en un acta de nacimiento. La tipificación de los chicos que han sido sustraídos de su núcleo familiar no se resuelve con una cédula sino con investigación e inteligencia policiaca”.Señala que los mexicanos se deben preguntar “cuál es la tarea y el sentido de las acciones del gobierno para garantizar la defensa de los derechos de los niños”. Además, considera, que no es lo mismo “resguardar a los niños” que cuidar sus derechos. Cuando resguardas a éstos creas institucionalidad, marcos normativos, presupuestos que garanticen la protección”.El documento Inversión pública en la infancia y la adolescencia en México (versión actualizada 2008-2011), publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés), indica que casi el 6 por ciento del producto interno bruto está destinado para atender a la niñez.Durante este periodo, indica la Unicef, “la inversión federal en niños y adolescentes osciló entre 737 mil millones y 819 mil millones de pesos al año, a valores constantes de abril pasado. En total, en el periodo referido se invirtieron 3 billones 123 mil 554 millones de pesos en los niños del país, lo que implica una inversión promedio de 5.85 por ciento del producto interno bruto de México y de 30.25 por ciento del gasto programable total”.El gasto empleado en salud corresponde a 34.41 por ciento; vivienda y su infraestructura, 0.19 por ciento; alimentación y nutrición, 4.6 por ciento; asistencia social, 3.72 por ciento; educación, 46.94 por ciento; deportes, recreación y cultura, 0.65 por ciento; urbanización y desarrollo regional, 8.61 por ciento; medios masivos de comunicación, 0.01 por ciento; y en el rubro de protección contra abuso, violencia, explotación y discriminación sólo se emplea el 0.87 por ciento.
La SCJN desecha controversia constitucional
El 7 de septiembre pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la controversia constitucional interpuesta por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.El senador panista Felipe González defiende la puesta en marcha de este proceso y expone que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 36, fracción primera, que es obligación de los residentes inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que las leyes dicten.“De la misma forma, el segundo párrafo del artículo 36 establece que la organización y el funcionamiento del citado registro y la expedición del documento de identidad son servicios de interés público. Por lo tanto, es una responsabilidad que le corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que se vayan estableciendo en la ley.”El 25 de enero pasado, la Cámara de Diputados interpuso ante la SCJN una controversia constitucional en contra de Calderón y su gabinete, al considerar que la Cédula de Identidad Ciudadana incurría en ilegalidades: la primera, “el Ejecutivo no puede por sí solo regular o reglamentar un aspecto que la ley le ha conferido al Legislativo, mismo que no ha normado respecto a la Cédula”. La segunda corresponde a la violación de los derechos humanos con la obtención de los datos biométricos y la lectura del iris de los mexicanos.Jaime Cárdenas Gracia comenta que después del fallo de la SCJN la única vía que podrían utilizar los ciudadanos para evitar la “violación de sus derechos humanos” será mediante el amparo.
Estado policiaco
De acuerdo con especialistas, defensores de derechos humanos y de la niñez, la Cédula de Identidad Ciudadana violenta la integridad de los menores, pues en ningún país se recaban los datos biométricos y las huellas dactilares de las personas en un sólo documento.David Peña, abogado defensor de derechos humanos, indica que “ni en Estados Unidos, una de las naciones más desarrolladas del mundo, existe un registro de las huellas dactilares de sus ciudadanos, en tanto no hayan cometido ningún delito. La CIC responde más a un Estado policiaco de la actual administración, que a la protección de los mexicanos” (Contralínea, 7 de agosto de 2011).Pérez García, director ejecutivo de la Red de Protección de la Infancia en México, añade que “es excesiva la cantidad de elementos biométricos que se han incorporado, sobre todo cuando en el estándar internacional no está sustentado en los esquemas de identidad policiaca, sino de identificación de una persona. Éstos están definidos con el pasaporte, que es un documento biométrico de reconocimiento mundial”.De la revisión de las solicitudes que hacen los gobiernos de México, España, Brasil, Chile, Estados Unidos y Reino Unido para identificar a sus ciudadanos se desprende que ninguno conjunta los biométricos, con huellas dactilares y la lectura del iris.El director del Renapo justifica: “Hay que tener cuidado porque el tema, por ejemplo del iris, es una cuestión nueva. No tiene mucho tiempo y los sistemas de identificación de los países tardan mucho tiempo en tomar decisiones hasta que se logra instrumentar; por consiguiente, no son tan dinámicos, no son cambiantes las innovaciones tecnológicas”.
- C E N C O A L T
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