63 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS


04 diciembre de 2011
Revista Contralínea 262
63 defensores de derechos humanos asesinados
Nancy Flores
En lo que va del gobierno de Calderón, al menos 63 defensores y luchadores sociales han sido asesinados. Seis de ellos, entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011. Comandos armados, grupos paramilitares y policías y militares estarían implicados en los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad. Ante la violencia, el sistema interamericano ha dictado 158 medidas cautelares para más de 200 defensores, 107 de ellos radicados en Guerrero. En México, “hay autoridades de nivel superior que niegan que estos temas sean importantes”, ha señalado el representante del Alto Comisionado de la ONU
 
Sesenta y tres defensores de derechos humanos y luchadores sociales han sido asesinados en México en el contexto de la supuesta “guerra” contra las drogas. Seis de estos homicidios ocurrieron entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011; de estos últimos, dos fueron repudiados hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
El más reciente ha involucrado a un activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –que encabeza el poeta Javier Sicilia–: Nepomuceno Moreno Núñez, de 56 años de edad, quien exigía justicia por la desaparición forzada de su hijo, ocurrida el 1 de junio de 2010 a manos de policías estatales de Sonora.
 
Lejos de acceder a la justicia, Nepomuceno fue asesinado a tiros el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora. Mes y medio antes –el 14 de octubre–, el presidente Felipe Calderón se había comprometido públicamente a atender el caso del activista, ante las recientes amenazas que había recibido.
 
Sin embargo, su nombre se inscribe ahora en la lista de defensores y luchadores ultimados por su labor. En esa misma lista se encuentra Marisela Escobedo Ortiz, quien buscaba justicia para su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo (asesinada en agosto de 2008, cuando tenía 16 años de edad). Marisela recibió un disparo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010, cuando se encontraba apostada en las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua.
 
La comunidad que lucha contra los feminicidios fue enlutada nuevamente el 11 de enero de 2011. Ese día fue ejecutada la activista y poetiza Susana Chávez. Antes de morir, fue violada sexualmente a unas cuadras de su domicilio, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
El tercer defensor victimado en ese periodo fue Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. El 18 de abril de 2011 fue asesinado por hombres armados cerca de su comunidad, La Morena, en el municipio de Petatlán, Guerrero, “presuntamente en relación con sus actividades de defensa del derecho al medio ambiente sano en la sierra de Petatlán”, apuntó la CIDH en su comunicado que condenó el crimen.
 
 
Además recordó que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. No obstante, el clima de impunidad ha potenciado la comisión de estos crímenes. Así ha sucedido con Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, dedicada a la defensa de los derechos de las minorías sexuales en Guerrero. Leija Herrera fue brutalmente asesinado en el centro de la ciudad de Chilpancingo, la madrugada del 4 de mayo de 2011. La CIDH también repudió este crimen.
 
El quinto activista caído en fechas recientes fue el estudiante Carlos Sinohe Cuevas. El 26 de octubre fue asesinado con 16 balazos a las afueras de su casa, ubicada en Topilejo, Distrito Federal. El joven había participado enla huelga estudiantil de 1999, en la organización del Foro por la Desmilitarización Inmediata del país y en el movimiento de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas.
 
En este clima de violencia, los asesinatos no son la única expresión en contra de los defensores de derechos humanos. También, las amenazas de muerte y las intimidaciones. El 8 de noviembre, los integrantes del Comité Cerezo denunciaron haber recibido una amenaza de muerte, por vía electrónica, en contra de sus integrantes.
 
Otro caso de repetida violencia es el de Blanca Mesina Nevarez y Silvia Vázquez Camacho, coadyuvantes con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la documentación y seguimiento de las denuncias por tortura –atribuida a integrantes del Ejército– interpuestas por civiles y policías municipales de Tijuana, Baja California, en 2009.
 
Las defensoras comenzaron a recibir amenazas por su labor. “Me apuntaron con un arma en la cabeza. Si no me mataron en ese momento fue por el proceso electoral y porque nuestro caso estaba en el ámbito internacional”, recuerda Blanca. Era el 18 de mayo de 2010, pasadas las 18:00 horas.
 
El 5 de noviembre de 2009, Mesina Nevarez –hija de uno de los policías torturados– dio su testimonio ante la CIDH. Ese mismo día, su madre fue intimidada vía telefónica. En todo momento, la defensora sostiene que su padre, al igual que el resto de los policías, es inocente. En marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor. A inicios de 2011, Blanca regresó a Tijuana, pero con la protección de escoltas. Sin embargo, Silvia continúa exiliada por la falta de garantías.
 
El caso era atendido por la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular en aquel entonces era Francisco Blake Mora. Por medio del oficio DG/DH/018/2010, el secretario de Gobernación fallecido el 11 de noviembre aseguraba a las organizaciones civiles que una de las prioridades del gobierno estatal es la salvaguarda y protección de la vida de los bajacalifornianos.
 
 
 
 

Defensores asesinados

 
Ni el compromiso del gobierno estatal ni las medidas cautelares dictadas por el sistema interamericano evitaron que Silvia y Blanca tuvieran que exiliarse para proteger sus vidas y las de sus parientes. Además de estas dos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han otorgado otras 156 medidas de protección a más de 200 defensores mexicanos y algunos de sus familiares, entre enero de 2007 y noviembre de 2010.
 
El 67.7 por ciento de éstas se concentra en Guerrero, entidad ubicada en el Sur. Se trata de 107 medidas provisionales que la Corte solicitó al Estado mexicano, el 21 de abril de 2009, para igual número de defensores de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
 
“El ambiente de inseguridad, de violencia, se ha volcado en contra del trabajo de los defensores y defensoras. Esto se ve claramente en Ayutla de los Libres (Guerrero). Ahí, precisamente, están las organizaciones que tenemos medidas provisionales, es decir, ya no solamente son las cautelares que otorga la Comisión Interamericana, son las de la Corte para situaciones de alto riesgo, de riesgos graves e inminentes, pues se teme por nuestras vidas”, explica Abel Barrera, director de Tlachinollan.
 
Señala que “en lugar de arribar a un estadio más civilizado de respeto a las leyes y a los derechos humanos, a mayor documentación, a mayor rigor del trabajo que hacemos para demostrar las grandes violaciones, corremos mayores riesgos. Las y los defensores aparecemos como los actores incómodos ante las políticas de contrainsurgencia y de combate a las drogas: (las autoridades) casi siempre tratan de ligarnos con una agenda oculta, nos deslegitiman, nos descalifican, criminalizan nuestro trabajo”.
 
El Informe anual 2010 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, indica que “la represión de comunidades indígenas se dio notablemente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se registran los más altos índices de pobreza y se concentra una gran parte de la población indígena del país. Los defensores comunitarios de los derechos de los pueblos indígenas fueron uno de los grupos más afectados por la represión violenta”.
 
Eso lo demuestran los nombres de los defensores comunitarios Lucas Lucía y Ponce Rosas, que no se inscriben en la lista de quienes cuentan con medidas cautelares o provisionales, sino en la que concentra los datos de quienes han sido asesinados en lo que va del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
 
“La desaparición forzada y el asesinato de Raúl Lucas Lucía, presidente de la OFPM, y Manuel Ponce Rosas, secretario de la misma organización, marcó el principio de 2009, exponiendo la violencia a la cual se enfrentan los defensores de los derechos indígenas en México”, señala el Observatorio.
 
En esta administración, el lúgubre registro de defensores y luchadores sociales asesinados asciende al menos a 63, 21 de los cuales son reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACDHONU). Los otros 40 son reivindicados por sus organizaciones o sus causas. A ellos se suman los defensores víctimas de desaparición forzada.
 
Comandos armados, grupos paramilitares y elementos estatales (particularmente policías y miembros de las Fuerzas Armadas) han sido identificados en los reportes de prensa, en las denuncias y en los informes internacionales como ejecutores de la violencia en contra de los defensores.
 
En México, los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia, la equidad, los derechos sociales, territoriales, ambientales, comunitarios e indígenas no necesariamente provienen del crimen organizado, reconoce la representación de la Organización de las Naciones Unidas.
 
“La piedra en el zapato es la sombra de la autoría de estas acciones”, explicó Javier Hernández Valencia, representante en México de la OACDHONU, el 24 de noviembre de 2010. Señaló que servidores públicos “se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos” y que en la actual administración no se ha tenido ningún progreso respecto de los más de 180 casos de agresiones que ha documentado esa representación internacional.
 
De acuerdo con la Actualización 2010: informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, que elaboró la Oficina del Alto Comisionado, en el 51 por ciento de los casos no se puede identificar a los agresores; el 22 por ciento se trata de actores no estatales; el 14 por ciento, de operadores de justicia; el 8 por ciento, de autoridades municipales; el 5 por ciento, de autoridades militares.
 
“Independientemente de quién sea el perpetrador de la agresión, estos casos no son investigados. Además, persiste la criminalización de la protesta social y de las y los defensores”, dice Agnieszka Raczynska, secretaria general de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos.
 

Responsabilidad del Estado

 
Para Hernández Valencia, es fundamental entender que “lo que viven los defensores y los casos que presentamos de agresiones no pueden meterse en el mismo paquete y en la bolsa oscura de una lucha contra el crimen organizado. No es el crimen organizado el que arresta a Raúl (Hernández Abundio). No es el crimen organizado el que viola a Valentina (Rosendo Cantú) y a Inés (Fernández Ortega)”.
 
Los tres casos referidos por el representante de la Oficina del Alto Comisionado implican como autor al Estado mexicano. En el primer caso, al sistema de justicia, y en el segundo, al Ejército.
 
En entrevista con Contralínea al término de la presentación de la Actualización, Hernández Valencia dijo que “nadie viene con una varita mágica, pero las cosas que se han puesto sobre la mesa son muy claras. Hay autoridades de nivel superior que niegan que estos temas sean importantes. Inclusive no tienen una comprensión de los propios hechos como verdaderos”.
 
Agregó que “esa brecha de duda y de poca importancia, de no merecer atención, hay que sacarla rápido. Porque parece que por ser los periodistas quienes usan los medios y porque sí tienen una capacidad de tener el tema en primera plana y con más o menos cierta continuidad, entonces se crean defensores de primera y segunda categoría”.
 

Hernández Abundio, acoso gubernamental

 
“El gobierno mata, desaparece y mete a la cárcel a los defensores de los derechos humanos. Eso es injusto”, dijo Raúl Hernández Abundio en su idioma natal me’phaa, durante la presentación de la Actualización. “Hay amenazas, y aunque se denuncien, como en el caso de Obtilia (Eugenio Manuel, indígena me’phaa, defensora y dirigente de la OPIM), no hay respuesta”.
 
De acuerdo con Tlachinollan, el de Hernández Abundio –integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa– es “un caso paradigmático de la inconsistencia de la mayoría de estos procesos judiciales” abiertos para criminalizar la protesta social. El defensor permaneció recluido en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, del 11 de abril de 2008 al 27 de agosto de 2010, acusado de homicidio, delito que no cometió.
 
“Tras dos años de prisión preventiva y gracias a la presión de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacional e internacional, salió libre con sentencia absolutoria del juez”, indica el Centro de Derechos Humanos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia desde el 11 de noviembre de 2008.
 
“Fui encarcelado por defender a mi pueblo. El gobierno fabricó el delito. La prisión, sin embargo, me dio más fuerza. Yo tengo el derecho de defender a mi comunidad y lo voy a hacer.”
 
Para Hernández Abundio, la OPIM “nació por la necesidad de la comunidad de salir adelante. Nosotros necesitamos buena educación, escuela, salud, medicamentos. La Organización busca apoyar a la comunidad en eso, y va con el presidente municipal para que apoye con proyectos productivos y con fertilizantes. Ése es el trabajo de la Organización y es lo que al gobierno no le conviene. Por eso no quiere a la Organización, no quiere a los defensores ni a los que buscan el bien de la comunidad”.

Condenar al Estado mexicano

 
En su Informe anual 2010, el Observatorio descubre que, en México, los defensores de los derechos indígenas, comunitarios y medioambientales están en riesgo inminente.
 
El 24 de noviembre de 2010, dos sujetos interceptaron a Margarita Martínez Martínez, defensora de los derechos humanos en Chiapas. La amenazaron de muerte y le exigieron “transmitir” el mismo “mensaje” al equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). También le entregaron una nota hecha con recortes de periódico dirigida a “Diego” (Diego Cadenas, director del Centro): “…en tus manos está la vida de esta familia; enfrentarás cargos; defensores de la verga”.
 
Jorge Luis Hernández Castro, al frente del Área de Incidencias de ese Centro, explica que, “días antes de la agresión, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas ejerció la acción penal en contra de funcionarios que habían participado en el allanamiento de la casa de Margarita”.
 
En ese proceso, detalla, están involucrados policías estatales y municipales, y el Frayba lleva la parte jurídica. “Una de las posibles causas de este ataque a Margarita y el mensaje que envían al Frayba puede ser atribuido desde ahí, donde los involucrados son servidores públicos”.
 
Pero, agrega, “no descartamos que sea por el trabajo que tenemos con varias comunidades: uno de estos perpetradores le dice claramente a Margarita que sabe que el Frayba está acompañando a Mitzitón, una comunidad que defiende su derecho al territorio para que una autopista no pase por sus tierras ejidales y comunitarias. O por casos como el que tenemos en la zona de Agua Azul, que también son por la defensa al territorio”.
 
Jorge Luis refiere que la situación de agresiones en contra del trabajo de defensoría es preocupante, pues el mismo Estado se deslinda de su responsabilidad al declarar que los ataques provienen de la delincuencia organizada.
 
Indica que en el país no se tienen mecanismos eficaces ni eficientes para proteger a las y los defensores. “Esto se demostró ahora con el ataque a Margarita, porque ella tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, y en este caso el Estado mexicano tiene una responsabilidad en cuanto a su seguridad”.
 
Respecto de las implicaciones que traerán las amenazas al equipo del Frayba, afirma: “Nuestro compromiso es muy claro en cuanto a la defensa y promoción de los derechos humanos y de acompañar a las comunidades. Nuestro trabajo sigue siendo firme. Sin embargo, hemos solicitado medidas provisionales a la Corte Interamericana, ya que las medidas cautelares son ineficientes. Hemos alertado a la Corte de este riesgo inminente y la misma Oficina del Alto Comisionado se pronunció de manera inmediata”.
 
No obstante, las evidencias recabadas por la OACDHONU, respecto de las implicaciones que tiene el Estado mexicano como autor de las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y como principal responsable de la impunidad que se padece en el país, son insuficientes para que la Organización de las Naciones Unidas intervenga. Esto sólo lo podrá hacer cuando sus Estados miembros se pronuncien, aseguran funcionarios de esa institución.
 
“La única manera para que la ONU condene al Estado mexicano por la situación que viven sus defensores de derechos humanos y sus periodistas sería que alguno de los miembros lo acuse por su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.”
 
 
Víctimas recientes (diciembre de 2010-noviembre de 2011)
 
·       Marisela Escobedo Ortiz buscaba justicia para su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo (asesinada en agosto de 2008, cuando tenía 16 años de edad). Recibió un disparo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010, durante su plantón en protesta por la liberación del asesino confeso de su hija
·       Susana Chávez, defensora de los derechos de la mujer. Violada sexualmente y ejecutada el 11 de enero de 2011, en Ciudad Juárez, Chihuahua
·       Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. El 18 de abril de 2011 fue asesinado por hombres armados en Petatlán, Guerrero
·       Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, dedicada a la defensa de los derechos de las minorías sexuales en Guerrero. Asesinado en Chilpancingo el 4 de mayo de 2011
·       Carlos Sinohe Cuevas, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y activista, asesinado a tiros el 26 de octubre de 2011, en Topilejo, Distrito Federal
·       Nepomuceno Moreno Núñez, exigía justicia por la desaparición forzada de su hijo, fue asesinado a tiros el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora  
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04 diciembre de 2011
Revista Contralínea 262
Panismo: 104 periodistas asesinados o desaparecidos
Desde que el PAN arribó a la Presidencia de la República, 104 periodistas han sido asesinados o desaparecidos. Los casos más recientes son el homicidio de Elizabeth Macías Castro –del Diario Primera Hora de Tamaulipas– y la desaparición de Manuel Fonseca Hernández –de El Mañanero de Veracruz–, ocurridos en septiembre. La mayoría de los crímenes, impunes y sin investigar

 
Durante la actual administración de Felipe Calderón se contabilizan 75 agresiones contra periodistas: 60 asesinatos y 15 desapariciones. Si se agregan los números del sexenio de Vicente Fox Quesada (27 asesinados y 2 desaparecidos), la cifra se eleva a 104.
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas organismos internacionales de defensa de los derechos humanos consideran que México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.
 
Actualmente, es “una profesión de alto riesgo” en este país, coinciden Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras, capítulo México, y el quinto visitador Fernando Batista, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
 
Al menos desde 2008, México ha mantenido una tasa de poco más de un periodista asesinado mensualmente (1.13). De continuar el comportamiento de las estadísticas, aún podrían ocurrir tres homicidios más en contra del gremio periodístico antes de concluir 2011.
 
A decir de Darío Ramírez, representante en México de la organización internacional de defensa de las libertades de expresión e información Artículo 19, “desde 2006 la tendencia es la misma”. El clima adverso generalizado que se vive en el país se evidencia en el aumento de agresiones a periodistas. Rogelio Hernández, coordinador de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, confirma: “Las cifras son un reflejo de la alta vulnerabilidad del gremio”.
 
El reciente asesinato de Marcela Yarce, reportera y fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga, periodista independiente y exreportera de Televisa, podría alertar sobre una nueva tendencia en las agresiones contra mujeres del gremio periodístico. Hasta la fecha, los registros oficiales y de organizaciones no gubernamentales consultados por Contralínea dan cuenta de nueve asesinatos de mujeres periodistas en lo que va de la actual administración. En toda la historia del periodismo en México y hasta antes del calderonismo, habían sido asesinadas seis trabajadoras de los medios de comunicación.
 
En el Distrito Federal, entidad que se había mantenido con los índices más bajos de agresiones a mujeres periodistas, ahora se pueden contar cuatro casos. Tres de ellos fueron asesinatos. Uno, desaparición forzada. Siete homicidios restantes ocurridos durante el panismo han tenido lugar en Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.
 
A decir de Agniezka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, “las mujeres defensoras (de derechos humanos) y las mujeres periodistas estamos en una situación aún más vulnerable por la condición de género. Creo que en este caso (el de Marcela Yarce y Rocío González) eso fue muy evidente”.
 
El clima hostil que vive México no exime a los periodistas; además, no se vislumbra un cambio a corto plazo, declara la representante de Reporteros sin Fronteras, Balbina Flores.
 
El incremento en el número de estos casos podría responder a la “falta de eficiencia y prontitud para esclarecer los crímenes anteriores, a la impunidad, a la corrupción, a la falta de voluntad política”, explica –en entrevista con Contralínea– la diputada Yolanda Valencia, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Ante estos hechos, quedaría al descubierto la responsabilidad del Estado mexicano.
 
Representantes de organizaciones no gubernamentales coinciden en que el gobierno, en sus tres niveles, no ofrece las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. No se cuenta con una policía investigadora que favorezca el esclarecimiento de cada uno de los casos denunciados.
 
No se tiene la seguridad de que se castigará a quienes atenten contra los periodistas, asegura Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
 
Además de que las leyes mexicanas no protegen de manera suficiente el trabajo de los periodistas, los profesionales de la comunicación se encuentran con que las autoridades son negligentes u omisas. Muchas veces, son los perpetradores de las agresiones.
 
“Las autoridades están coludidas; tienen intereses económicos o políticos y les irritan los periodistas de investigación, críticos, analíticos, que cumplen con su función de informar a la sociedad”, considera Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. En efecto, de acuerdo con el informe La violencia en México y el derecho a la información, presentado en mayo pasado por Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social, el 49.03 por ciento de las agresiones contra periodistas durante 2010 han sido cometidos por alguna autoridad.
 
Ante las condiciones de violencia en el país, los periodistas han tenido que adoptar sus propios mecanismos de protección. Darío Ramírez, representante de Artículo 19, explica que a partir de la administración presidencial de Felipe Calderón se han presentado nuevos tipos de amenazas contra la libertad de expresión. La organización ha registrado, por lo menos, cinco editoriales en las que se claudica, por motivos de seguridad, a la cobertura de ciertos temas relacionados con violencia y el crimen organizado. Son hoyos negros informativos, asegura Ramírez. Desde el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera completa: “Se buscan métodos de autoprotección como la autocensura”.
 
Las condiciones actuales para el ejercicio del periodismo en México no son las mejores. El panorama podría continuar igual en tanto no se reconozca que “cada atentado en perjuicio de un comunicador o periodista es un atentado a la vida democrática del país”, señala Fernando Batista, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
 
No obstante, existen vías que podrían fortalecer la seguridad para el ejercicio periodístico en México. A decir los distintos organismos consultados por Contralínea, la creación de políticas públicas y la federalización de los delitos en contra de comunicadores representarían un avance no sólo para el gremio, sino para la democracia nacional.
 
Asimismo, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas pugna porque el Estado mexicano reconozca la importancia de este sector de la sociedad y, de esta forma, pueda convertirse en una comisión permanente con mayores facultades.
 
En cuanto a la labor de las fuerzas policiales, una mayor capacitación de sus cuadros podría derivar en mejores investigaciones que favorezcan el esclarecimiento de los casos. Pues siempre que se mantengan impunes los crímenes contra periodistas se estaría favoreciendo la incidencia de estos delitos que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia.
 
En palabras del representante de Artículo 19: “La libertad de prensa en México es un enfermo grave con ganas de vivir”.
 
Periodistas asesinados (2000-2011)
 
Nombre
Fecha del asesinato
Medio
Entidad federativa
1
José Barbosa Bejarano
9 de marzo de 2000
Revista Alarma
Chihuahua
2
Luis Roberto Cruz Martínez
1 de febrero de 2000
Revista Multicosas
Tamaulipas
3
Pablo Pineda Gaucin
9 de abril de 2000
Periódico La Opinión
Tamaulipas
4
José Ramírez Puente
28 de abril de 2000
Noticiario Juárez Hoy
Chihuahua
5
Hugo Sánchez Eustaquio
19 de julio de 2000
Diario La verdad
Estado de México
6
Humberto Méndez Rendón
9 de febrero de 2001
Televisión. Canal 9 de Durango
Durango
7
José Luis Ortega Mata
19 de febrero de 2001
Diario Ojinaga (director)
Chihuahua
8
Saúl Antonio Martínez
24 de marzo de 2001
Diario El imparcial
Tamaulipas
9
Félix Alonso Fernández
17 de enero de 2002
Semanario Nueva opción (director)
Tamaulipas
10
José Miranda Virgen
16 de octubre de 2002
Periódico El Sur de Veracruz
Veracruz
11
Rafael Villafuerte Aguilar
13 de diciembre de 2003
Semanario La Razón (director)
Guerrero
12
Roberto Mora García
19 de marzo de 2004
Periódico El Mañana
Tamaulipas
13
Leodegario Aguilera Lucas
23 de mayo de 2004
Revista Mundo Político (director)
Guerrero
14
Francisco Javier Ortiz Franco
22 de junio de 2004
Semanario Zeta (editor)
Baja California
15
Francisco Arratia Saldierna
31 de agosto de 2004
Periódico El imparcial
Tamaulipas
16
Gregorio Rodríguez Hernández
28 de noviembre de 2004
Diario El Debate
Sinaloa
17
Raúl Gibb Guerrero
8 de abril de 2005
Diario La Opinión (director)
Veracruz
18
Guadalupe García Escamilla
16 de abril de 2005
Estéreo 91 XHNOE Rojo
Tamaulipas
19
José Reyes Brambila
17 de septiembre de 2005
Periódico Vallarta Milenio
Jalisco
20
Hugo Barragán Ortiz
10 de octubre de 2005
Radio Max XEJF
Veracruz
21
Julio César Pérez
24 de octubre de 2005
Revista Siglo de México
Tamaulipas
22
José Valdez
6 de enero de 2006
Periodista radiofónico
Coahuila
23
Jaime Arturo Olvera
10 de marzo de 2006
Periodista independiente
Michoacán
24
Rosendo Pardo Ozuna
29 de marzo de 2006
Periodico La Voz del Sureste
Chiapas
25
Enrique Perea Quintanilla
9 de agosto de 2006
Revista Dos Caras, Una Verdad (director)
Chihuahua
26
Bradley Roland Will
27 de octubre de 2006
Indymedia
Oaxaca
27
Ramiro Téllez Contreras
30 de octubre de 2006
Noticiario Impacto en la noticia EXA FM
Tamaulipas
28
Misael Tamayo Hernández
10 de noviembre de 2006
Diario Despertar de la Costa (director)
Guerrero
29
José Manuel Nava Sánchez
17 de noviembre de 2006
Diario Excelsior (exdirector)
Distrito Federal
30
Roberto Marco García
21 de noviembre de 2006
Revista Testimonio de Veracruz
Veracruz
31
Adolfo Sánchez Guzmán
30 de noviembre de 2006
Televisa Veracruz y Enlace Veracruz
Veracruz
32
Raúl Marcial Pérez
8 de diciembre de 2006
Diario El Gráfico (columnista)
Oaxaca
33
Gerardo Guevara Domínguez
11 de enero de 2007
Semanario Siglo XXI
Chihuahua
34
Amado Ramírez Dillanes
6 de abril de 2007
Corresponsal de Televisa
Guerrero
35
Saúl Noé Martínez Ortega
16 de abril de 2007
Interdiario
Sonora
36
Mateo Cortés Martínez
8 de octubre de 2007
El Imparcial, de Oaxaca (voceador)
Oaxaca
37
Flor Vázquez López
8 de octubre de 2007
El Imparcial, de Oaxaca (voceador)
Oaxaca
38
Agustín López Nolasco
8 de octubre de 2007
El Imparcial, de Oaxaca (voceador)
Oaxaca
39
Gastón Alonso Acosta Toscano
3 de diciembre de 2007
Semanario Noticias de la Frontera
Sonora
40
Gerardo Israel García Pimentel
8 de diciembre de 2007
Diario La Opinión de Michoacán
Michoacán
41
Claudia Rodríguez Llera
7 de enero de 2008
Radio Mix (Grupo Acir)
Distrito Federal
42
Francisco Ortiz Monroy
5 de febrero de 2008
Diario de México (corresponsal)
Tamaulipas
43
Alfonso Cruz Cruz
7 de febrero de 2008
El Real de Chimalhuacán
Estado de México
44
Bonifacio Cruz Santiago
7 de febrero de 2008
El Real Chimalhuacán
Estado de México
45
José Luis Villanueva Berrones
27 de febrero de 2008
Diario El Gráfico
Tamaulipas
46
Teresa Bautista Merino
7 de abril de 2008
Radio La voz que rompe el silencio
Oaxaca
47
Felícitas Martínez Sánchez
7 de abril de 2008
Radio La voz que rompe el silencio
Oaxaca
48
Candelario Pérez Rodríguez
23 de junio de 2008
Revista Sucesos
Chihuahua
49
Alejandro Fonseca Estrada
24 de septiembre de 2008
EXA FM El padrino Fonseca
Tabasco
50
Miguel Ángel Villagómez Valle
9 de octubre de 2008
Diario La noticia de Michoacán
Michoacán
51
David García Monroy
9 de octubre de 2008
El Diario de Chihuahua
Chihuahua
52
Francisco Javier Salas
10 de octubre de 2008
El Mexicano, de Tijuana (voceador)
Baja California
53
José Armando Rodríguez Carreón
13 de noviembre de 2008
El Diario de Juárez
Chihuahua
54
Raúl Martínez López
14 de diciembre de 2008
Periódico Noreste
Veracruz
55
Jean Paul Ibarra Ramírez
13 de febrero de 2009
Periódico El Correo
Guerrero
56
Luis Daniel Méndez Hernández
24 de febrero de 2009
Radio La Poderosa
Veracruz
57
Juan Carlos Hernández Martínez
27 de febrero de 2009
Semanario El Quijote
Guerrero
58
Carlos Ortega Melosamper
3 de mayo de 2009
Periódico El Tiempo de Durango
Durango
59
Eliseo Barrón Hernández
25 de mayo de 2009
La Opinión-Milenio
Coahuila
60
Martín Javier Miranda Avilés
12 de julio de 2009
Diario Panorama
Michoacán
61
Ernesto Montañez Valdivia
14 de julio de 2009
Enfoque de El Sol de Chihuahua
Chihuahua
62
Juan Daniel Martínez Gil
28 de julio de 2009
W Radio
Guerrero
63
Norberto Miranda Madrid
23 de septiembre de 2009
Radio Visión Digital
Michoacán
64
Fabián Ramírez López
11 de octubre de 2009
Radio La Magia 97.1
Sinaloa
65
Bladimir Antuna García
2 de noviembre de 2009
Periódico El Tiempo de Durango
Durango
66
José Emilio Galindo Robles
24 de noviembre de 2009
Radio U de G
Jalisco
67
Alberto Velázquez López
22 de diciembre de 2009
Periódico Expresiones de Tulum
Quintana Roo
68
José Luis Romero
16 de enero de 2010
Radio Línea directa
Sinaloa
69
Valentín Valdés Espinosa
7 de enero de 2010
Periódico Zócalo de Saltillo
Coahuila
70
Jorge Ochoa Martínez
29 de enero de 2010
Periódico El Oportuno Despertar de la Costa
Guerrero
71
Jorge Rábago Valdés
2 de marzo de 2010
Radio Rey y Reporteros en la Red
Tamaulipas
72
Evaristo Pacheco Solís
12 de marzo de 2010
Semanario Visión Nocturna
Guerrero
73
Enrique Villicaña Palomares
9 de abril de 2010
Diario La Voz de Michoacán
Michoacán
74
Miguel Ángel Bueno Méndez
23 de junio de 2010
 Diario Nuestro Distrito
Estado de México
75
Juan Francisco Rodríguez Ríos
28 de junio de 2010
Periódico El Sol de Acapulco / Diario Objetivo de Chilpancingo
Guerrero
76
María Elva Hernández Galeana
28 de junio de 2010
Freelance
Guerrero
77
Hugo Alfredo Olivera Cartas
6 de julio de 2010
Periódico El Día, de Michoacán
Michoacán
78
Marco Aurelio Martínez Tijerina
10 de julio de 2010
Radio XEDD La Tremenda
Nuevo León
79
Guillermo Alcaráz Trejo
10 de julio de 2010
Productor de TV para CEDH Chihuahua y otros medios
Chihuahua
80
Luis Carlos Santiago Orozco
16 de septiembre de 2010
El Diario de Juárez
Chihuahua
81
Carlos Alberto Guajardo Romero
5 de noviembre de 2010
Periódico Expreso de Matamoros
Tamaulipas
82
Luis Emanuel Ruíz Carrillo
25 de marzo de 2011
Periódico La Prensa
Nuevo León
83
Noel López Olguín
31 de Mayo de 2011
Periódico Horizonte, Noticias de Acayucan y La verdad
Veracruz
84
Pablo Ruelas Barraza
13 de junio de 2011
Diario el Yaqui y El regional de Sonora
Sonora
85
Miguel Ángel López Velasco
20 de junio de 2011
Diario Notiver
Veracruz
86
Misael López Solana
20 de junio de 2011
Diario Notiver (fotógrafo)
Veracruz
87
Yolanda Ordaz de la Cruz
26 de julio de 2011
Diario Notiver
Veracruz
88
Humberto Millán Salazar
25 de agosto de 2011
Diario A discusión /Grupo Radio Fórmula
Sinaloa
89
Ana María Marcela Yarce Viveros
1 de septiembre de 2011
Revista Contralínea
Distrito Federal
90
Rocío González Trápaga
1 de septiembre de 2011
Freelancer
Distrito Federal
 
 
Periodistas desaparecidos
 
Periodista
Fecha de desaparición
Medio
Entidad federativa
1
Jesús Mejía Lechuga
10 de julio de 2003
A primera hora Grupo MS-Noticias
Veracruz
2
José Alfredo Jiménez Mota
2 de abril de 2005
El Imparcial
Sonora
3
Rafael Ortiz Martínez
8 de julio de 2006
El Zócalo
Coahuila
4
José Antonio García Apac
20 de noviembre de 2006
Ecos de la cuenca (director)
Michoacán
5
Rodolfo Rincón Taracena
20 de enero de 2007
Tabasco Hoy
Tabasco
6
Gerardo Paredes
10 de mayo de 2007
Tv Azteca Noreste
Nuevo León
7
Gamaliel López Candonosa
10 de mayo de 2007
Tv Azteca Noreste
Michoacán
8
Juan Pablo Solís
7 de diciembre de 2007
Empresario de radio y televisión
Michoacán
9
Mauricio Estrada Zamora
12 de febrero de 2008
La Opinión de Apatzingán
Michoacán
10
José Carlos Campos Esquerra
24 de junio de 2008
Debate
Sinaloa
11
María Esther Aguilar Cansimbe
11 de noviembre de 2009
El Diario de ZamoraCambio de Michoacán
Michoacán
12
Pedro Argüello
Marzo de 2010
Diario El Mañana y La Tarde
Tamaulipas
13
Miguel Ángel Domínguez Zamora
1 marzo de 2010
Diario El Mañana
Tamaulipas
14
Ramón Ángeles Zalpa
6 de abril de 2010
Cambio de Michoacán
Michoacán
15
Evaristo Ortega Zárate
20 de abril de 2010
Semanario Espacio de Colipa
Veracruz
16
Marco Antonio López Ortiz
7 de junio de 2011
Diario Novedades Acapulco (Jefe de información)
Guerrero
Fuentes: Centro de Periodismo y Ética Pública, Reporteros sin Fronteras, Comité para la Protección de los Periodistas, International Press Institute, www.libertaddeexpresion.org, Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación
 
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              C E N C O A L T
Centro de Comunicacion Alternativa
 
         cencoalt@yahoo.de

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