"SOBERANÍA EN RIESGO", SI SE JUZGA A ZEDILLO EN EU, ARGUYE SARKHÁN

Nota diplomática del embajador de México en Washington para solicitar la inmunidad

Soberanía en riesgo, si se juzga a Zedillo en EU, arguye Sarukhán

Se afectaría la relación bilateral al desestimar la actuación de diversas autoridades nacionales

Ciro Pérez

 

Periódico La Jornada
Jueves 13 de septiembre de 2012, p. 5

Cualquier acto realizado por el ex presidente Ernesto Zedillo respecto de los hechos relatados en la demanda que da origen al caso antecedente, se llevó a cabo en el curso de su función oficial como jefe de Estado y, por tanto, de pronunciarse en algún sentido la Corte estaría decidiendo sobre acciones soberanas del gobierno de México realizadas dentro de su propio territorio, advirtió en nota diplomática el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, para solicitar al gobierno de ese país inmunidad para el ex mandatario por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal en diciembre de 1997.

De acuerdo con el documento dirigido a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se argumentó que de juzgarse al ex mandatario mexicano en una corte civil de Connecticut, como exigieron los demandantes, se vulneraría la soberanía nacional y se afectaría la relación bilateral entre ambas naciones, al desestimar la actuación de diversas autoridades nacionales en respuesta a los acontecimientos ocurridos en la localidad de Acteal, Chiapas.

La publicación de esta nota diplomática, enviada por el embajador Sarukhán el 4 de noviembre del año pasado, fue demandada por familiares de los chiapanecos asesinados, quienes inicialmente recibieron una rotunda negativa de la cancillería mexicana, que reservó dicha información por 12 años. Fue por medio de gestiones ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), y una vez que el gobierno estadunidense concedió la petición de inmunidad, que la dependencia –apercibida por el instituto para darla a conocer en un plazo de tres meses– la hizo pública.

“El gobierno en turno condenó enérgicamente –el crimen perpetrado en contra de habitantes de la comunidad de Acteal–, abocándose de inmediato a la investigación y presentación de los responsables ante las instancias de procuración de justicia”, precisa la nota enviada para proteger al ex mandatario mexicano.

El 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar incursionó en esta zona, que se encuentra bajo el control zapatista. Presuntos miembros del grupo Máscara roja masacraron a indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, quienes en ese momento se encontraban orando al interior de una iglesia. En el ataque murieron 45 personas: 16 era niñas, niños y adolescentes, 20 eran mujeres, siete de ellas embarazadas, y nueve eran hombres adultos.

El gobierno mexicano, encabezado por Ernesto Zedillo, pretendió justificar la masacre afirmando que se trataba de un conflicto étnico, cuando en realidad 90 paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron los responsables de la matanza, que se prolongó por siete horas y tuvo lugar a menos de 200 metros de un retén de la policía.

Por estos hechos fueron detenidas 100 personas, en su mayoría indígenas, y recluidas en una cárcel de Tuxtla Gutiérrez.

En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el juicio de amparo promovido por 12 de los indígenas presos por esos crímenes, luego de que otros cumplieron penas por tres años y quedaron en libertad. En 2009, organizaciones de protección a los derechos humanos alertaron sobre la posibilidad de que la SCJN obsequiara dichos amparos, lo que finalmente sucedió en tres procesos diferentes. El primero fue el 12 de agosto, cuando la primera sala de la Corte, por voto mayoritario de los ministros, ordenó la liberación de los 26 indígenas culpados por la matanza de Acteal, con el argumento de que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó evidencia para inculparlos.

Tres meses después, la misma sala liberó a nueve implicados más y en 2012 ordenó la excarcelación de otros siete inculpados. Al final de los tres procesos se liberó a 36 presuntos responsables tras desestimarse las pruebas presentadas por la PGR.